Estimados compañeros:
Los sindicatos mayoritarios son a su vez empresarios del sector de las pensiones privadas. Ambas condiciones les son otorgadas por el Estado: la condición de mayoritarios les viene dada por la ley LOLS, y la de empresarios en este sector porque se les concedió acceso en exclusiva al accionariado de estas empresas cuando fueron privatizadas y se les ha mantenido así durante más de dos décadas (ver el artículo). También en exclusiva, la condición de mayoritarios les concede el privilegio de representar a todos los trabajadores del país en negociaciones que les afecten, como por ejemplo las reformas de las pensiones.
Con esto el Estado se asegura que en cualquier mesa de negociación a ese nivel, no sólo los sindicatos defenderán la postura de la patronal, puesto que pertenecen a ella, sino que se asegura que en esas mesas sólo esté la patronal representadas al no dar cabida a ningún otro sindicato.
No es de extrañar que siendo juez y parte acaben avalando reformas que reducen las cuantías de las pensiones públicas, obligando con ello a los trabajadores a complementarlas con planes privados, les va en ello un gran beneficio, aunque su discurso sea el opuesto.
Vemos pues cómo el estado capitalista español, defensor de los intereses de las élites financieras e industriales articula así a una institución como propia: los sindicatos, con la que satisface las demandas de la patronal, mientras que engaña a los trabajadores escenificando farsas de negociación con apariencia de democrática pero donde en realidad los trabajadores no pintan nada, y de donde sin excepción salimos siempre perjudicados.
Según un informe de la UE del año 2009, la afiliación a los sindicatos españoles era de unos 2.600.000 en 2008. Este informe especifica también la importancia relativa de cada sindicato, siendo la de CC.OO. de un 43.9% y la de UGT 31.1%. Cabe señalar, en cualquier caso, que los datos para la elaboración del estudio fueron proporcionados por las propias centrales sindicales. Sea como fuere, lo cierto es que el Estado español registra uno de los menores índices de afiliación de la Unión Europea. Según los datos de Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo de 2009 -realizada por el Ministerio de Trabajo- tan solo un 17,2% de las personas ocupadas en el Estado español está afiliada a alguna organización sindical. Datos más recientes rebajan esa cifra de afiliación a un 15%. Es decir, que de una población activa de casi 23 millones - de acuerdo a los datos de la EPA de esa misma fecha - no llegan a 3 millones el número de afiliados. Ello significa que 8 de cada 10 trabajadores no está representado por ninguna de estas organizaciones.
Con esto no queremos satanizar a todo afiliado o representante de base de estos sindicatos con los cuales hasta hemos compartido luchas, pero sí a sus cúpulas, autenticas alimañas liberadas agarradas a los sillones del sindicato cuan empresario al puesto de gerencia de una empresa, que han hecho de la corrupción su forma de actuar, y la venta de nuestros derechos el botín de cambio de sus privilegios.
Sección Sindical de la Coordinadora Sindical de Clase (C.S.C.)
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