Mutuas de Accidentes de Trabajo. El zorro al cuidado de las gallinas

La crisis que se ha ido gestando años atrás y que se ha manifestado con la pandemia coronavirus, al igual que las anteriores crisis, está dejando en evidencia el papel del Estado y las instituciones públicas de salvaguardar los intereses de la banca y los grandes empresarios.

Este es el caso de las mutuas, para las que la normativa diseñada por los sucesivos gobiernos de uno y otro signo político las han definido como entidades privadas "sin ánimo de lucro", compuestas por asociaciones de empresarios, y "colaboradoras" con la Seguridad Social. En la práctica, este diseño consiste en la privatización de la gestión de una suculenta parte de las partidas presupuestarias de dinero público procedente del sistema de seguridad social, como son las prestaciones económicas para la protección por incapacidad laboral derivadas de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, la prevención de riesgos, o las prestaciones por bajas de contingencias comunes, riesgos durante embarazo o lactancia. Decenas de miles de millones de euros anuales.

Estas cuantías de dinero público se las reparten entre un puñado de entidades, dado el nivel de concentración entre las mismas que convierte el sector en un oligopolio, y las reciben en función del número de trabajadores bajo su cobertura de "protección" de las empresas que tienen entre su cartera de clientes. Y puesto que reciben estas cuantías en función del número de trabajadores que cubren, independientemente de si estos causan incapacidad o no, la rentabilidad de la gestión se basa en que los trabajadores estén el menor tiempo posible de baja, apropiándose del resto la mutua.

A su vez, la misma legislación establece a los empresarios como los que tienen la potestad de determinar qué mutua debe atender a los trabajadores de sus empresas en caso de necesitarlo como consecuencia de una baja laboral. Es decir, empresarios (empresas) contratan a asociaciones de empresarios (mutuas) para ofrecer un servicio sanitario a los trabajadores, y gestionar prestaciones a las que tendrían derecho. Típica relación win to win entre dos tipos de empresarios que se alían (cuando no son el mismo) para gestionar los derechos de los trabajadores, de consecuencias diabólicas para estos que ven así anulados sus derechos, pues el disfrute de los mismos entra en contradicción con los intereses tanto del empresario de la mutua —cuya rentabilidad consiste en proporcionar la menor porción del derecho— como del empresario que contrata la mutua —cuyo interés es el de explotar continuamente al trabajador, sin las "molestas" interrupciones de las enfermedades y accidentes laborales—.

Además, dado que las aportaciones, aunque sean empresariales, no dejan de ser rentas del trabajo, es el trabajador, en definitiva, quien paga por que una empresa le impida o le limite, en la medida de lo posible o más allá, el estar de baja laboral cuando está enfermo, o cobrar subsidios, pensiones, etc. a los que tendría derecho.

Así, en el caso de un accidente laboral o enfermedad profesional las mutuas se hacen cargo de los gastos, por tanto, cuanto menos tiempo estemos de baja, menos pruebas nos realicen, menos muertes por enfermedades profesionales existan, más beneficio van a parar a los bolsillos de las mutuas, que son los bolsillos de los empresarios. Estas mutuas no dudan en utilizar cualquier método, hasta los más rastreros como la contratación de detectives privados que espíen a los trabajadores de baja, para evitar pagar estas bajas laborales.

La lucha ideológica ha jugado un papel fundamental, como hace siempre, para que estas empresas se hayan asentado, robando a los trabajadores su dinero y su salud. La batalla la ganó la patronal en este terreno iniciando una campaña de criminalización contra la clase trabajadora inventando el concepto de "absentismo laboral" de los trabajadores, como justificación para que estas mutuas controlasen dicho absentismo, culpando a estos de fingir bajas para no ir a trabajar. Absentismo que la estadística demuestra falso año tras año, cuyos datos avalan justamente lo contrario, lo perseguido por la patronal, que no es otra cosa que dejar a los trabajadores sin cobertura a la que tienen derecho, apropiándose de la misma.

En esta crisis estamos observando cómo empresas y mutuas ponen por delante los beneficios empresariales a la salud. Trabajadores de Ferrovial han denunciado prácticas contra la salud pública y de sus empleados, no tramitando las bajas por "contacto estrecho" con personas infectadas, obligando a ir al puesto de trabajo a las personas con graves patologías a riesgo del propio trabajador. Empresas como Ayesa AT, a pesar de la recomendación del Ministerio de Salud de realizar teletrabajo, está mandando a los trabajadores a realizar sus funciones al centro de trabajo, o incluso convocando reuniones presenciales.

El Tribunal de Cuentas ya detectó malversación y fraude masivo a las arcas públicas en 2006 por parte de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y enfermedades profesionales, afectando a todas las mutuas fiscalizadas (8) que sumaban el 53% de las cuotas y el 51% de los trabajadores protegidos. Según el Tribunal las mutuas podrían estar ocasionando un perjuicio de 8.200 millones de euros a la Seguridad Social.

Estas mutuas no han declarado ni una sola muerte por accidente laboral en todo 2006 (año del estudio), año en que el índice de accidentes mortales en España (1.255) era el doble de la media en la UE. También ocultan las enfermedades profesionales, fuente de 10 veces más mortalidad que los accidentes laborales. La razón es sencilla, así evitan la obligación legal de pagar una pensión laboral, que es mayor que la pensión normal de la Seguridad Social, a los familiares, viudas o viudos o dependientes del trabajador fallecido.

En cambio, según el Grupo de Investigación de Salud Laboral de la Universitat Pompeu y Fabra (UPF), en España mueren 14.000 hombres y más de 2.000 mujeres por enfermedades contraídas en el lugar de trabajo, cada año hay 9.400 personas muertas por cáncer, 3.600 por enfermedades cardiovasculares y 1.700 por enfermedades respiratorias contraídas en el lugar de trabajo y ninguna de estas muertes aparece en los registros de las mutuas. Esta ocultación de datos supone que los costes sanitarios que deberían asumir las mutuas laborales recaigan en la sanidad pública, y que el 14% del presupuesto en salud pública de la Comunidades Autónomas sea para atender estas patologías. La Universitat Pompeu Fabra estima que este fraude alcanza los 82.000 millones de euros anuales. Las cifras del último informe del Tribunal de Cuentas se quedan cortas.

Las mutuas no son más que lucrativos negocios para unos pocos empresarios que comercian con la salud de la clase trabajadora, con nuestra salud. El que era gerente de Mutua Universal, Joan Aicart, superaba los 600.000 euros al año de retribución y recibía hasta 3.000 euros por cada reunión de la junta directiva o del consejo a las que asistía además de otro tipo de dietas. A su sucesor se le limitó a poco más de 200.000 euros anuales, cantidad superada en 2008 por Jorge Serra, gerente de Asepeyo (245.000 euros en 2008) o Fernando Eguidazu, gerente de Fraternidad-Muprespa (240.000 euros). Además de los gerentes, los sueldos de altos cargos sobrepasan habitualmente los 150.000 euros en Fraternidad-Muprespa, Asepeyo o Balear y de más de 100.000 en Ibermutuamur, Fremap o Intercomarcal.

El oligopolio formado con la concentración de estas entidades hace que el presupuesto público que gestionan caiga en unas pocas manos, dotándolas de la capacidad y la musculatura para abordar el asalto a la sanidad pública, también con la ayuda de las instituciones del Estado con competencias sobre ella: los parlamentos y gobiernos regionales, a través de una política de privatización progresiva del sistema de Salud Pública. Es decir, de nuevo es el Estado el principal valedor de los intereses de una minoría (un puñado de empresarios), que poco a poco, va legislando en la dirección de facilitarles el acaparamiento del máximo de riqueza posible, a costa de la salud de la mayoría trabajadora.

El desprecio de la Sanidad Privada por velar por la Salud Pública ha quedado patente en esta crisis del coronavirus, donde han jugado un papel obsceno y miserable; primero al excluir en las pólizas las prestaciones derivadas del efecto de las pandemias, pero también por despedir a su personal sanitario para aprovecharse del dinero público procedente de los ERTE, en el momento en el que más necesitaba la población de esos recursos. Igualmente el Gobierno ha mostrado un escrupuloso respeto a sus amos, los empresarios, al no intervenir estos recursos privados (hospitales, camas, respiradores, tests, personal sanitario, etc.) para uso público en combatir la pandemia, como legalmente lo capacitaba la declaración de estado de alarma, y que tan necesarios hubiesen sido para reducir el número de víctimas mortales. Lo que demuestra que bajo el capitalismo, las intervenciones estatales de las empresas sólo se hacen para rescatarlas, socializar las pérdidas, y trasladar el "riesgo" de las inversiones empresariales a los trabajadores, ese "riesgo" del que tanto presumen y por lo que se dicen imprescindibles en nuestra sociedad. Es decir, bajo el capitalismo el Estado es un instrumento de los empresarios para salvaguardar sus intereses de clase, nunca para garantizar el bien común.

Se observa nítidamente como en el capitalismo comerciar y mercadear con la salud de los trabajadores es un negocio rentable, bien visto, promocionado por la burguesía y permitido por el Estado, a tenor de la Ley 35/2014. El capitalista no duda en obtener pingües beneficios de las enfermedades de los obreros a causa de la explotación a la que le somete y de transferir el capital proveniente de las rentas del trabajo hacia sus arcas privadas a costa de toda la clase trabajadora.

Bajo el capitalismo el trabajador no tiene derecho a nada. Ni al trabajo, ni a la vivienda, ni a la salud. Solo tiene derecho a ser explotado, cuando y como diga el empresario, el dueño del medio de producción y por un salario cada vez más mísero y unas condiciones cada día más precarias e indignas. Esta crisis está poniendo de relieve todos los engaños y todas las estafas a la clase trabajadora de un sistema criminal, moribundo y putrefacto como es el capitalismo.

A los trabajadores no nos queda otra solución que superar este sistema podrido y enemigo de los trabajadores —sistema del que forman una parte esencial en el sometimiento y retroceso de los trabajadores los sindicatos del Estado CCOO y UGT, siempre al servicio de la Patronal y de su Estado— y construir el nuestro, en base únicamente a nuestros intereses como clase social donde quede abolida la explotación del hombre por el hombre y la justicia social y la igualdad sean la ley. Y ello pasa por la organización de los trabajadores y su unión en términos de clase, de manera totalmente independiente a los empresarios y su Estado, rompiendo totalmente con aquéllos que llevan sirviendo a la Patronal y traicionando a la clase trabajadora en este país durante 4 décadas, papel indecente como el que desarrollan CCOO y UGT.

¡FORTALECE LA ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES, AFÍLIATE A CSC!

¡NO a los abusos laborales!

¡NO a los retrocesos laborales!

¡NO a la represión laboral!

¡NO a la represión sindical!

SECCIÓN SINDICAL DE C.S.C. EN AYESA AT