| La formación socialdemócrata Más País, escisión de Podemos, en base a una propuesta de Compromís que hizo en la Comunidad Valenciana, elaboró una medida que terminó en acuerdo con el gobierno del PSOE-Unidas Podemos, según el cual, a cambio de apoyar el decreto de fondos europeos, se modifican los Presupuestos Generales para incluir una partida de 50 millones de euros para destinar a 200 empresas que se adhieran al proyecto piloto de reducción de la jornada laboral a 4 días semanales. Los fondos europeos, así mismo, contemplan para España una transferencia a fondo perdido de 72.700 millones €, más otros 67.300 millones en préstamos que el país tendrá que devolver antes de 2059. Al impacto mediático del volumen de las cifras anunciadas de los fondos europeos, y su supuesto beneficio para revitalizar la economía del país, se une la consigna publicitaria de la reducción de jornada laboral semanal a 4 días, con el propósito de engatusar al pueblo trabajador cuando en realidad supondrá un nuevo rescate a la empresa privada con dinero público. Es decir, una nueva socialización de pérdidas y entre todos los trabajadores volveremos a pagar a los empresarios el mantenimiento de sus vidas privilegiadas a costa de nuestra miseria, pero introducida con una campaña de márketing diseñada para evitar que tal transferencia de riqueza no repercuta en pérdidas de votos al actual Gobierno. Al igual que el rescate a la banca de la anterior crisis de 2008, que nos ha supuesto la pérdida de 80 mil millones de euros públicos, el aumento de la deuda pública del 74% al 114% del PIB, así como la reducción de la protección social con las llamadas medidas de austeridad que han desmantelado la sanidad pública y recortado las pensiones, entre otras; la percepción de este otro rescate está condicionada a la realización de un Plan Nacional de Reformas para su aprobación por los socios europeos, que analizarán que estas estén en línea con las recomendaciones específicas por país (CSR por sus siglas en inglés) emitidas por el Ejecutivo comunitario para dicho Estado miembro, y que según las cuales, entre otras cuestiones, supondrá para España: -
Al menos la desvinculación del IPC de las pensiones, y el empuje a una nueva reforma que aumentará la edad de jubilación. -
Blindar la reformas laborales, con lo que tendrá que olvidarse el gobierno de derogarlas tal y como se comprometieron los socios del ejecutivo en el pacto de gobierno, cuando no tendrán que profundizar aún más en las reformas para aumentar la flexibilización de los despidos con su abaratamiento, que venderán como equiparación (a la baja) de las indemnizaciones entre los contratos fijos y temporales, y posiblemente vendrá de la mano de la implantación de la mochila austríaca. -
El aval estatal de deuda de las empresas que en caso de impagos repercutirá en más incremento de deuda pública, cuyos intereses ya suponen el cuarto mayor gasto del presupuesto para 2021. -
y en el medio plazo, la asunción de nuevas políticas de ajuste presupuestario para mantener el déficit, lo que traducido significa más políticas de austeridad, desmantelamiento del estado social, es decir menos dinero para los trabajadores, para su salud, su educación, más privatizaciones de empresas públicas, etc... La guinda de este pastel podrido lo pone la medida del proyecto piloto para el estudio de la reducción de la jornada semanal a 4 días. Para ello el Estado sufragará con 50 millones el recorte de jornada a 32 horas semanales sin reducción de sueldo en 200 empresas recibiendo una media de 250.000€ cada una y que afectará a entre 3.000 y 6.000 trabajadores. Las ayudas podrán destinarlas las empresas para invertir en innovación, o formación, para así aumentar la productividad, o para la contratación adicional. Haciendo unos sencillos números puede verse el beneficio económico que conlleva para las empresas acogidas: unos 11 mil euros por trabajador para que trabajen unas 380 horas menos al año, un 20% de reducción, lo que para el sueldo medio supondría a la empresa unos 5 mil euros. Igualmente lamentable han sido las declaraciones oportunistas de UGT sobre esta medida, señalando que "defenderán que las horas reducidas se dediquen a la formación de los trabajadores", posicionándose en favor del empresario pidiendo que los trabajadores se formen fuera de su horario laboral, entregando de vuelta el tiempo reducido a las empresas, lo único que gana el trabajador, e intentando arañar parte del dinero de este piloto para beneficio de su sindicato, que además ya se ha visto en anteriores ocasiones involucrado lucrándose fraudulentamente con los cursos de formación, siendo ésta una de sus fuentes de financiación y pago a sus traiciones, a parte de las generosas partidas directas que el gobierno incrementa para comprar su silencio ante los atropellos que estamos viviendo los trabajadores. Lo que en esencia se consigue con esta medida es nuevamente beneficiar a las empresas privadas con inversión pública para mejorar los procesos productivos por la vía de la automatización con lo que después podrán deshacerse de trabajadores fruto de la reducción de horas necesarias ganadas por el avance de la técnica y de la tecnología. Tanto el rescate a través de los fondos europeos, como las ayudas a la productividad son costeadas por el Estado, que en esencia se nutre de impuestos pagados por los trabajadores, pues las política fiscales permiten a los empresarios esquivar su contribución. Con estas medidas se está destinando dinero público para aumentar las riquezas de los empresarios, que conlleva aumentar el desempleo y la explotación para los trabajadores. Y como no, se incrementa la deuda pública en esa transferencia de riqueza que se le roba al pueblo y se entrega a los empresarios, la cual es pagada por los trabajadores en forma de recortes y de incrementos de impuestos, fundamentalmente los indirectos, que afectan fundamentalmente a la clase obrera. Todo ello sin que los empresarios arriesguen su dinero, como continuamente nos venden "liberales" y socialdemócratas, pues ni son ellos los que invierten su dinero para mejorar la productividad, ni los que pagan impuestos, ni lo pierden ellos cuando vienen las crisis, pues el Estado se encarga de rescatarlos a la par que azota a los trabajadores. Queda clara la nula aportación de los empresarios a la producción de riqueza del país, lo que los hace totalmente prescindibles en esta sociedad, así como en evidencia clara cómo el Estado, independientemente del signo del gobierno, es un instrumento al servicio de los grandes capitales y sus propietarios, los cuales controlan al mismo para redistribuir la riqueza que producimos los trabajadores y acapararla para su beneficio exclusivo. La productividad que se consigue con la tecnología actual aplicada a los procesos productivos ya permite la reducción de la jornada laboral, pues ésta es de varios órdenes de magnitud superior a la tecnología existente hace más de 100 años, cuando se conquistó mediante la lucha obrera la jornada laboral de 8 horas "aún vigente". La contradicción no resuelta en el capitalismo reside en que tal aumento de productividad sólo redunda en el beneficio de una minoría propietaria de los medios de producción, a la par que el desempleo y la precariedad en los trabajadores y sus condiciones de vida. Cuanto más y mejor se produce, menos tiene el pueblo trabajador, que menos puede consumir, originándose cíclicas crisis de superproducción - cada vez más frecuentes - indicadoras del agotamiento del capitalismo como sistema de producción que impide el progreso y la satisfacción de las necesidades de la población. Podemos afirmar que el obstáculo para que la riqueza se distribuya está en la existencia misma de esa clase propietaria que nada aporta y todo lo acapara, así como que los trabajadores nada podemos esperar de las instituciones del estado, ni políticos, ni jueces, ni leyes,y que únicamente nos tenemos a nosotros mismos, para organizados poder defendernos de esa clase social enemiga que continuamente precariza nuestras vidas. |
