| Como periódicamente viene haciendo la dirección de Ayesa, el martes, 17 de noviembre, volvió a enviar un comunicado corporativo titulado "Retribución flexible. Seguros Salud 2021" donde nuevamente, de forma oportunista ante el colapso de la sanidad pública que estamos viviendo con consecuencias mortales para los trabajadores, nos vende los seguros de salud de su programa de retribución flexible. Antes de volver a enumerar las consecuencias devastadoras que tiene la adopción por parte de la clase trabajadora de este tipo de seguros de salud privado, queremos recordar que esta medida ilustra de manera ejemplar el deterioro de las condiciones laborales y la precarización que supuso para los trabajadores la privatización de Sadiel en 2011 a manos de la familia Manzanares. En Sadiel, hasta 2011, los trabajadores disfrutaban de unos beneficios sociales entre los que se incluía la opción de adoptar un seguro de salud privado cuyo coste asumía la empresa. Situación que fué arrebatada por la nueva dirección de Ayesa mediante una Modificación Sustancial de Condiciones de Trabajo (MSCT) en 2012, que supuso otras múltiples pérdidas de derechos laborales, que desgranamos en su momento aquí, y que perdimos dado que la plantilla no tuvo la organización y la fuerza para movilizarse y evitarlo. Estamos viviendo semanas dramáticas, comprobando como el maldito coronavirus COVID-19 ha segado la vida de más de 1,33 millones de personas en el mundo, de los que más de 41.200 han sido españoles. Este virus ha puesto de manifiesto la necesidad de disponer de unos servicios públicos fuertes, bien dotados económicamente para que sirvan al pueblo con eficacia y garantía. Así, el COVID-19 ha mostrado que los recortes sociales —que tanto han perjudicado a los trabajadores y a los sectores sociales que componen la clase trabajadora, como a nuestros ancianos y que tanto han beneficiado a los empresarios, a los ricos— matan. Por un lado, estamos comprobando la falta de medios en la sanidad pública que hace que el sistema sanitario no tenga los recursos suficientes para la atención al aluvión de pacientes producidos por esta infección, y que el personal sanitario no esté dotado de las herramientas necesarias incluso para su propia seguridad, de tal modo que hay 79.771 sanitarios contagiados en España, hasta el 12 de noviembre. Por otro lado, la privatización de los servicios públicos, como por ejemplo ocurre con la sanidad y con los cuidados domiciliarios, conlleva un deterioro en la salud de los trabajadores, de las clases populares y, cómo no, de nuestros mayores. De hecho, las residencias de ancianos, fundamentalmente las privadas, han sido otro foco de infección del COVID-19, tanto para el personal que trabaja en ellos como de los residentes con los que la enfermedad está siendo devastadora. Esta es la realidad que hoy estamos viviendo. Una realidad terrible e injusta para la clase trabajadora. Una realidad que el pueblo confronta con unos servicios públicos, con un sistema sanitario, totalmente diezmados y desguarnecidos. Y ello es así como consecuencia de unas políticas económicas conducentes en transferir una gran parte de la riqueza a favor de los empresarios en detrimento de la clase trabajadora, a la que se le ha saqueado, a la que se le ha sobreexplotado y se le ha condenado a la precariedad, a la que han empujado a la pobreza, no sólo rebajando nuestros salarios y nuestras condiciones laborales, sino también robándonos gran parte de los servicios públicos, que cada día son más precarios. Estas políticas económicas destinadas a transferir la riqueza a favor de los empresarios, de los ricos, arrebatándosela a los trabajadores, a los que han empobrecido cada día más, se ha realizado tanto por la vía fiscal —rebajando los impuestos a los empresarios—, por la vía del recorte del gasto social y de la privatización —arrebatándole al pueblo trabajador servicios públicos—, y por la vía de la reforma laboral, de tal modo que la precarización y la temporalidad del trabajo agudicen el grado de explotación del trabajador al objeto de que el empresario se apropie de más plusvalía que genera el trabajador. Los trabajadores somos los que estamos combatiendo —en la primera línea y como siempre acontece en la historia— a la pandemia y, sin duda, seremos los que la venceremos. Ahí están los trabajadores de la sanidad, los trabajadores de la alimentación, los trabajadores de las telecomunicaciones, al pie del cañón, y en general todos los trabajadores que a diario se exponen al riesgo de acudir a unos centros de trabajo y en unos medios de transporte públicos abarrotados. En este trance, en este momento duro, los trabajadores en general debemos reflexionar sobre lo que está aconteciendo en el mundo y en nuestro país. Y, en particular, los trabajadores de AYESA AT también debemos reflexionar y tener memoria. Hoy la opinión es unánime en la necesidad de una sanidad pública universal y fuerte. Esa sanidad pública, como todos los servicios públicos, debe ser sufragada por los impuestos, y el pago de los impuestos debe ser progresivo y en proporción a los ingresos. La política fiscal en este país ha sido la de buscar que los empresarios no paguen impuestos o paguen lo mínimo, mientras los trabajadores son los que sostienen la inmensa mayoría de la carga impositiva del Estado, es decir, somos los que sostenemos al Estado. En el año 2018, por ejemplo, los trabajadores pagamos a través del IRPF 77,04 miles de millones de euros, mientras que los empresarios a través del Impuesto de Sociedades pagaron 23,14 miles de millones de euros. Asimismo, los impuestos indirectos, como es el IVA, y los impuestos especiales —impuestos al tabaco, alcohol o los hidrocarburos— aportaron a las arcas del Estado 83,96 miles de millones de euros. Estos impuestos indirectos son terriblemente injustos, porque el pobre paga exactamente igual que el rico ya que se trata de una imposición fiscal que es soportada por personas que tienen entre ellas una abismal diferencia de rentas, de tal modo que los impuestos indirectos castigan mucho más a las masas trabajadoras, que reducen en un 30% las rentas más bajas. Hemos de recordar que en el año 2017 la Dirección de AYESA AT planteó a los trabajadores lo que llamaron el Plan de Retribución Flexible (PRF). El PRF permite a la empresa deducirse la suma de todas las retribuciones flexibles de los trabajadores, de tal manera que con ese monto paga menos impuestos. Mientras tanto, el trabajador, que destina una parte a la retribución flexible obtiene, en el mejor de los casos, el pagar una pequeña porción impositiva menos, siempre y cuando pase a un tramo más bajo, de lo contrario sigue pagando lo mismo. Pero, en realidad, la suma de lo que pagan de menos las empresas en impuestos hace que los servicios públicos que se deterioren, y quienes pagan, tanto en sus condiciones —ya sean sanitarias, educativas de sus hijos, asistenciales y de cuidados de sus ancianos o familiares dependientes, etcétera— como posteriormente en términos económicos, somos los trabajadores. El Plan de Retribución Flexible estimula el gasto en sanidad privada. Sanidad privada que no se responsabiliza en casos de enfermedades graves, como el cáncer, o el coronavirus COVID-19, tal y como ilustra la siguiente noticia: "La sanidad privada ante el coronavirus: pruebas a 800 euros y derivando pacientes a la pública" https://www.vozpopuli.com/sanidad/sanidad-privada-hospitales-coronavirus-pacientes_0_1335167411.html. Sanidad privada que en un momento crucial para la vida de centenas de miles de trabajadores de este país, para la vida de nuestro pueblo, deja bien claro que para ellos la sanidad es su negocio, una disciplina con la que enriquecerse y deja patente su avaricia y su insolidaridad, como deja claro el artículo del diario público de 26 de marzo de 2020, cuyo titular es inapelable: |
