Balance de Formación 2023: Base de la política de despidos

Desde el inicio, el plan de formación para 2023 ya partía de la ilegalidad, pues sólo contemplaba una media de 13,84 horas de formación por trabajador. Una media de formación realizada en el año 2023 que quedó finalmente en 11,43h o 10,34h si atendemos exclusivamente a la formación en cursos técnicos. El 68,5% de la plantilla ha obtenido 0 horas de formación en 2023 Tal como ya sabemos, la legislación laboral concede a los trabajadores un permiso retribuido de 20 horas anuales de formación profesional para el empleo, vinculada a la actividad de la empresa (art.23.3 del ET). De igual forma, la legislación también concede el derecho a la formación necesaria para su adaptación a las modificaciones operadas en el puesto de trabajo (art. 21.3 d) del ET). Una legislación generalista que es claramente insuficiente cuando nos centramos en un sector laboral como el nuestro, el sector tecnológico, que requiere de una actualización continua de los trabajadores para adecuarse a los constantes cambios derivados de la adopción de nuevas tecnologías, y donde la base de la producción está en el conocimiento de sus trabajadores. En este ámbito, es evidente que 20 horas al año son claramente insuficientes. Basta con poner de ejemplo: cualquier curso básico de un nuevo lenguaje de programación rondaría las 50h, incluyendo únicamente el visionado de las clases, dejando fuera las horas de prácticas necesarias para asimilar los conceptos.

La política formativa en Ayesa AT, no sólo es completamente insuficiente para mantener a la plantilla en el nivel de conocimiento que se requiere en un sector como el nuestro, sino que, como en el resto de políticas de la dirección, se instala fuera de la legalidad año tras año.

De manera que en el pasado año 2023, la media de horas de formación de la plantilla de Ayesa AT se quedó en 11,43 h. por empleado. Una formación que además, sólo alcanzó al 31,5% de la plantilla, dejando al resto sin ningún tipo de formación. Formación que, recibas o no, no obstante, se paga en parte de nuestro sueldo, del que detraen obligatoriamente un porcentaje.

De esta forma, basándonos en las cartas de despido, la empresa argumenta continuamente la falta de adecuación del perfil del despedido como justificación, pues ello impide que se pueda reasignar a otros proyectos. Es decir, la empresa argumenta para despedir unas causas cuya responsabilidad es achacable exclusivamente a su política formativa, o más bien a la carencia de la misma para casi el 70% de la plantilla. Es decir, que la empresa, incumpliendo la ley, no sólo queda impune, sino que obtiene doble beneficio: precarizando las condiciones salariales de los trabajadores, despidiendo a personal con antigüedad, a la vez que se beneficia ahorrando costes en formación a los que está obligada, trasladando éste a los trabajadores, reemplazando a los despedidos con trabajadores que ya se han formado por su cuenta. Siendo tan beneficiosa dicha política de incumplimiento de la ley, y las consecuencias de no cumplirla nulas, vemos que la impunidad de sus actos permite a la dirección la prepotencia de negarse a negociar cómo corregir dichas ilegalidades, como intentamos desde ASC llevar a cabo en la negociación del Plan de Igualdad. Una negociación que igualmente derivó en nuevas ilegalidades por parte de la empresa y que están siendo demandadas judicialmente. Recordamos también que la batalla judicial entorno a los planes de igualdad, la llevamos dando en ASC desde 2014 y que, pese a tener sentencias pioneras que han tumbado el plan de igualdad de Ayesa AT por primera vez en el Estado español, por imponerlo sin negociar con la representación mayoritaria, entonces de ASC, y usando para ello a UGT y CCOO, carentes de representatividad, por ejemplo, dichas sentencias nunca obligan a la empresa a cumplir la ley, ni la sancionan por no hacerlo, quedándose en una batalla eterna que mantiene en la ilegalidad a Ayesa AT impunemente por más de una década. Queda claro que la legislación laboral es papel mojado para los empresarios, que les basta con pleitear continuamente para así postergar el cumplimiento de la ley todo lo posible sin recibir sanción alguna que les haga rectificar su comportamiento delictivo. No obstante, los trabajadores tenemos la fuerza suficiente no sólo para obligar a los empresarios a cumplir la ley, sino para obtener nuevos derechos y mejoras en las condiciones laborales, sin tener que recurrir a terceros, al Estado o a sus árbitros, que, como vemos, defienden los intereses de la patronal y son cómplices de su impunidad. La historia así lo demuestra, cada derecho conquistado por la clase trabajadora ha sido como consecuencia de su lucha de forma organizada. Es pues responsabilidad individual de cada uno de nosotros contribuir a esa organización y jugar el papel que nos corresponde en esta lucha. Todo lo que no sea eso, significará retrocesos continuos, empobrecimiento de nuestras condiciones de trabajo, y con ello nuestras condiciones de vida y de nuestras familias.

¡FORTALECE LA ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES, AFÍLIATE A ASC!

¡NO a los abusos laborales!

¡NO a los retrocesos laborales!

¡NO a la represión sindical!

SECCIÓN SINDICAL DE A.S.C. EN AYESA AT