Balance de la Formación en 2024: Base de la alta rotación en la plantilla

 

La Empresa, a principios de 2024, únicamente planificó cursos para un 58% de la plantilla y con un 54% de las horas mínimas legales. Finalmente la plantilla recibió un 30,25% de las horas mínimas legales, es decir, un promedio de 6,25 h de formación por empleado en todo el año, pero dejando al 70% de la plantilla sin formación alguna.

Esta cifra de horas de formación promedio supone el segundo peor índice en el apartado de formación para esta empresa desde 2018:

Vemos que la raquítica política de formación de la empresa incumple la legislación genérica establecida en el Estatuto de los Trabajadores, donde se estipula un permiso remunerado de 20 h. por persona y año para formación.

El convenio sectorial Sin embargo, las particularidades específicas del sector TIC, que sienta sus bases en el conocimiento de sus trabajadores, hace necesaria una formación contínua para actualizar sus conocimientos tecnológicos en un escenario de innovación creciente como en el que estamos. La obsolescencia en los conocimientos técnicos es utilizada por las empresas TIC para renovar continuamente a las plantillas despidiendo a personal con antigüedad con la excusa de la imposibilidad de reubicación en base a la falta de conocimientos, eliminando derechos acumulados, y contratando a personal ya formado y actualizado con formación que se ha costeado de su propio bolsillo doblemente, pues ya se nos detrae obligatoriamente por ley de las nóminas el porcentaje de sueldo que las empresas deberían dedicar a la formación de cada trabajador, y dado a que la propia ley en la práctica no obliga a las empresas a dar la formación correspondiente. Esta mayor necesidad de formación específica del sector TIC debería venir regulada no en el Estatuto de los trabajadores, sino en el convenio colectivo sectorial, que es la norma legal donde deben recogerse las condiciones laborales específicas de cada sector. Y es así como volvemos a centrar los problemas de los trabajadores en la falta de una negociación adecuada de sus condiciones laborales, debido a su vez en la falta de organización e implicación de los trabajadores, que así abandonan sus condiciones vitales en manos de unos sindicatos traidores, CCOO y UGT, que utilizan su posición de ventaja para obtener privilegios y subvenciones, a cambio de traicionar a los trabajadores con convenios que regulan la precariedad y donde no tenemos garantizados derechos tan básicos y elementales, como el derecho a la formación.

Outsourcing Coincidiendo con esta política formativa en la empresa, tenemos el año 2024 como el de mayor volumen histórico de plantilla en la compañía, lo que es un indicativo perfecto del tipo de empresa en la que nos encontramos: lo que en el sector se hace llamar como "cárnicas", cuya única "aportación" a la sociedad es la de intermediar para revender al peso el kilo de desarrollador a grandes compañías y administraciones públicas, sin aportar mayor valor tecnológico, ni de acumulación de conocimiento, ni de productos. Por ello, en éste tipo de empresas prima más la cantidad de trabajadores que pueden colocar sobre la calidad del trabajo, pues su beneficio se obtiene de quedarse con la mayor parte del valor producido a terceros por los trabajadores, que ven así precarizadas sus condiciones de vida (sueldos y horas de trabajo). Un modelo que además somete a los trabajadores a una inestabilidad laboral sistémica gracias a la subcontratación que permite a las grandes empresas desentenderse de las plantillas a coste cero en cualquier momento. Un negocio ilegal, aunque consentido y amparado por el propio Estado, que según la propia patronal AEC supone el 50% de toda la facturación del sector TIC, lo que denomina con el eufemismo de outsourcing. En este apartado, también podemos observar la nula utilidad del convenio sectorial para los trabajadores, que pese a los altos niveles de subcontratación que padece el sector, y gracias a los sindicatos traidores que firman el convenio que les pone por delante la patronal, no dispone de una cláusula de subrogación que permitiría paliar en parte la inestabilidad laboral asociada a las licitaciones periódicas de los proyectos, y que dejan a los trabajadores afectados en la incertidumbre de ser despedidos, con cada renovación de los contratos. Una cláusula que sin embargo es habitual en convenios colectivos, como el de la limpieza por ejemplo.

Ante la impunidad empresarial, movilización obrera Queda claro que la legislación laboral es papel mojado para los empresarios y muy rentable su incumplimiento, pues les basta negarse a cumplir con la ley y, dado el caso, pleitear para así postergar eternamente su cumplimiento todo lo posible sin recibir sanción alguna que les haga rectificar su comportamiento delictivo. No obstante, los trabajadores tenemos la fuerza suficiente no sólo para obligar a los empresarios a cumplir la ley, sino para obtener nuevos derechos y mejoras en las condiciones laborales, sin tener que recurrir a terceros, al Estado o a sus árbitros, que, como estamos viendo, defienden los intereses de la patronal y son cómplices de su impunidad. La historia así lo demuestra, cada derecho conquistado por la clase trabajadora ha sido como consecuencia de su lucha de forma organizada. En nuestro caso, tanto durante la negociación del Planes de Igualdad como en la negociación de un Convenio de Empresa, la dirección ha sido tajante en su negativa a negociar. Respuesta lógica dado que con la negociación sólo puede perder, a la vez que los trabajadores sólo podemos ganar, pues se trata de repartir la riqueza que generamos con nuestro trabajo y que ahora queda en sus manos. Es pues responsabilidad individual de cada uno de nosotros contribuir a la organización sindical y jugar el papel que nos corresponde en esta lucha: presionar hasta obligar a la empresa a negociar un convenio de empresa, ya que está claro que el convenio sectorial sólo sirve a la patronal. Y la empresa se sentará a negociar sólo si el perjuicio económico de no sentarse supera el perjuicio (que sería nuestro beneficio) de hacerlo y conceder algunos derechos. Todo lo que no sea eso significará retrocesos continuos, empobrecimiento de nuestras condiciones de trabajo y con ello nuestras condiciones de vida y de nuestras familias.