Subida del SMI. El juego de los prestidigitadores

 

El Gobierno ha anunciado la subida que se aplicará al salario mínimo interprofesional (SMI) para el año 2026. La subida será del 3,1% respecto al año anterior, con efectos retroactivos desde el 1 de enero, y queda fijado en 17.094€ anuales. Lamentablemente, y como era previsible, el convenio colectivo de Consultoría que se firmó para el trienio 2025 a 2027 nuevamente queda en evidencia que fue firmado para empobrecer a los trabajadores del sector. La tabla salarial para este año en categorías de entrada de las áreas 1, 2 y 6 han sido rebasadas por el SMI establecido por el Gobierno, que concretamente establecieron un mismo sueldo de 17.073,28 € en las tres áreas. Pero si esto ya es una vergüenza, que unas áreas como la Administrativa, Soporte a usuarios o Estudios de Mercado, donde al menos se requieren estudios de nivel medio, vean reducido sus sueldos al mínimo legal, no menos sangrante es la comparación con las otras áreas técnicas, donde sólo se libran de verse superados por el mínimo legal por unos pocos euros:

El anuncio de la subida del SMI se realiza tras la teatralización de un acuerdo con los sindicatos CCOO y UGT a los que riegan año tras año de subvenciones mil millonarias. En la foto esta vez no ha salido la patronal, que desde la reforma laboral de 2019 finge desacuerdo con el Gobierno en el resto de propuestas "progresistas". Este baile no es más que la fórmula coreografiada por estos tres actores para mantener ocultas los efectos nocivos de las medidas económicas que sí pactan: La reforma laboral, consolidando la Reforma Laboral del corrupto de Rajoy y, por tanto, el abaratamiento de los despidos que permiten la depuración de sangre y, con ello, bajar los sueldos a los trabajadores y las masas salariales a los empresarios. La legislación que facilita la especulación con la vivienda para los grandes capitales, que vampirizan los presupuestos de las familias al tener que dedicarlo al alquiler o las hipotecas en su mayor parte. La "libertad" de precios para los empresarios con la que repercuten la inflación a la clase obrera, una inflación consecuencia de unas políticas monetarias realizadas para satisfacer los intereses de la banca y la financiación de las grandes empresas. Los convenios colectivos desligados del IPC, manteniendo la política económica dictada por el Gobierno corrupto de Rajoy, firmados por la patronal y sus sindicatos con sueldos de miseria, y cada vez menos derechos, para satisfacer el objetivo de transferencia de riqueza desde la clase obrera hacia la clase empresarial. El cálculo del IPC que hace el Gobierno se mantiene muy por debajo de la inflación real de los precios de bienes básicos, y donde no entra a formar parte del cálculo el precio de la vivienda, totalmente desbocado. Las reformas de las pensiones, la educación y la sanidad pública, con la complicidad de gobiernos progresistas y sindicatos amarillos, para que tengamos que dedicar más parte de nuestros sueldos en estos servicios cada vez más mermados, en un progresivo proceso de privatización conducente a incrementar la transferencia de riqueza en favor de los grandes empresarios. Etcétera. Mientras todas estas medidas acordadas por el Gobierno, la Patronal y sus mayordomos de CCOO-UGT tiran por tierra las condiciones de vida de la clase obrera, fingiendo un falso desencuentro en medidas que o bien no se implementan, o son claramente insignificantes: La subida del SMI que, pese a los aumentos producidos desde 2019, no permite llevar una vida digna ni de lejos. El control sobre las horas de trabajo para no pagar los millones de horas extras, del todo insuficientes de tal modo que ni resuelven la pobreza de los que trabajamos, ni los mecanismos establecidos vía Inspección de Trabajo, terminan resolviéndo el robo descarado. La reducción de jornada de 37,5h, que no fue más que un globo sonda que el Gobierno estuvo más de dos años sacándole partido antes de que se desinflara. El recientemente anuncio de permitir a los trabajadores formar parte de los consejos de administración. El Ingreso Mínimo Vital, los bonos de alquiler, los subsidios para mayores de 52, que o son poco más que propaganda vacía o, simplemente, relegan a los trabajadores a la miseria. El empobrecimiento de la clase trabajadora se puede observar con esta simple comparación: el sueldo de entrada de un desarrollador en el año 2000 en esta misma empresa (entonces Sadiel) era de 12.000 € anuales. Si extrapolamos dicho sueldo a la inflación de estos 26 años, tendríamos que El sueldo de entrada de hace 26 años, ajustado a inflación, sería de 22.008 € Añadimos la tabla comparativa anterior para que se vea la evidencia del empobrecimiento en las condiciones de vida a las que nos han llevado las medidas económicas de todos estos años.

¡Para que los trabajadores podamos vivir debemos organizarnos y confrontar estas políticas y a esta realidad impuesta por los empresarios y sus marionetas!