Valoración de la CSC del papel de la Inspección de Trabajo respecto al Plan de Igualdad

El pasado lunes, 24 de noviembre de 2014, el Comité de Empresa envió una comunicación a toda la plantilla —comunicación que es suscrita al 100% por el sindicato Coordinadora Sindical de Clase (C.S.C.)— sobre la reunión celebrada en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) de Sevilla, convocada por ésta misma.

Al respecto de la reunión y el comportamiento inaudito de la Inspectora de Trabajo y, en consecuencia, de la ITSS de Sevilla, la C.S.C. expresa lo siguiente:

1. La sección sindical de C.S.C. -mayoritaria en AYESA AT– NO fue convocada por la Inspección de Trabajo que sí convocó al Comité de Empresa, a las secciones sindicales de CCOO y UGT y a la Dirección de AYESA AT.
2. Todos los delegados de personal pertenecientes al Comité de Empresa que concurrieron a las elecciones por la candidatura de la coalición C.S.C., a excepción de dos que estaban enfermos, expresaron con claridad que C.S.C. no estaba presente en la reunión, pues no fue convocada como sección sindical, y que acudían en su condición de miembros del Comité de Empresa.
3. La Inspectora de Trabajo no quiso indicar quién promovía la reunión. Hemos de señalar que esta Inspectora de Trabajo, en asuntos relacionados con el Plan de Igualdad, se ha reunido con anterioridad con la Dirección de la Empresa, reuniones de cuyo contenido no tenemos constancia.
4. El Comité de Empresa enumeró una serie de vulneraciones por parte de la Empresa de los derechos de los trabajadores:

• En materia de Igualdad: despido de mujeres de baja maternal, de embarazadas, despidos y traslados forzosos de trabajadores con reducción de jornada.
• Hostigamiento a la plantilla.
• Represión sindical.
• Injerencia en los asuntos de los trabajadores.
• Quebrantamiento de la buena fe, principio que según la legislación debe regir las relaciones laborales.

5. El Comité de Empresa describió todas las ocasiones en las que, desde 2010, ha pretendido negociar el Plan de Igualdad y cómo la Empresa se ha negado en rotundo.

Todas estas cuestiones a la Inspectora de Trabajo le daban igual, tal y como expresó explícitamente.

Si todo estos hechos ya de por sí son graves, en el transcurso de la reunión quedó comprobado que la primera portavoz y defensora de los intereses de AYESA AT fue la propia Inspectora de Trabajo. Y es que la inspectora:

1. Trató de forzar al Comité de Empresa para que variara su posición, no escatimando en faltarle al respeto al Comité y, en consecuencia, al conjunto de los Trabajadores.
2. Una vez el Comité se mantuvo firme en su planteamiento de negociar siempre y cuando la Dirección de AYESA AT restituya el principio de buena fe, la igualdad entre las partes, deshaga los atropellos contra los trabajadores (despidos, traslados, etcétera) y que muestre una preocupación real por la igualdad, que ha despreciado y pisoteado durante todos estos años, la Inspectora de Trabajo convirtió la reunión en un confesionario donde las secciones sindicales de CCOO y UGT debían redimirse y retratarse ante la Empresa y ante la Inspectora de Trabajo, con el objeto de cuestionar la decisión del Comité de Empresa, de fraccionar y, sobre todo, de explorar la fórmula jurídica, apoyada y promovida por la Inspección de Trabajo, para que los objetivos de la Empresa sean salvaguardados. Con esta actitud, la Inspectora de Trabajo se convertía en una vulgar asesora jurídica de AYESA AT.

Desde la Coordinadora Sindical de Clase apoyamos sin fisuras la posición adoptada mayoritariamente por el Comité de Empresa, en la que debemos incluir dentro de esa mayoría a varios delegados del Comité de Empresa que concurrieron bajo la candidatura de UGT. Y, como no puede ser de otra manera, la C.S.C. apoya y reconoce al Comité de Empresa como único órgano que legal y legítimamente tiene la capacidad de negociar en nombre de la plantilla porque la representa a toda ella.

A la Dirección de AYESA AT no le importan las condiciones de los trabajadores así como la igualdad entre hombres y mujeres, como ha demostrado durante todo este tiempo, arremetiendo contra ellas. La Dirección tiene interés en sacar su plan de igualdad —bajo la forma de supuesto acuerdo con los trabajadores a través de sus representantes— para acceder a distintivos, subvenciones y certificaciones de igualdad que le favorezcan, o cuanto menos no le penalicen, en concursos y dar una imagen de sensibilidad al respecto de la igualdad así como de talante negociador con los trabajadores. Es evidente que algunos que se dicen representantes de los trabajadores, pero que anteponen sus intereses particulares a los de la clase trabajadora y a los de la plantilla, no tienen escrúpulos en jugar ese papel miserable para conquistar pequeñas prebendas particulares.

Lo que es ya inaudito es que la Inspectora de Trabajo entre también en este juego para que AYESA AT consiga su objetivo. Desde la Coordinadora Sindical de Clase consideramos vergonzoso el papel jugado por la Inspectora de Trabajo y mucho nos tememos que tratará de remover Roma con Santiago para darle una llave a la Empresa, vía requerimiento por el cual trate de obviar al Comité de Empresa, tratando de sustituir a éste mediante un enjuague con las Secciones Sindicales. Desde aquí queremos dejarle ya claro a la Inspectora de Trabajo que, al igual que no nos convocó a la reunión, se ahorre de contar con este sindicato para hacer esas maniobras o juego sucio, contrarias a los derechos de los trabajadores. Dentro del ADN del sindicalismo de clase está la honestidad, el respeto a los órganos de la clase trabajadora y la defensa de sus intereses y no tenemos más principio ni más obligación que defenderlos pues, de lo contrario, nos podrían llamar traidores y corruptos. Pues corrupción no es solamente venderse para obtener un beneficio propio, sino también es trocar o cambiar la función de una cosa a otra distinta de lo que debe ser, como, por ejemplo, convertir una Inspección de Trabajo en una gestoría empresarial.

COORDINADORA SINDICAL DE CLASE (C.S.C.)

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Mensaje de la CSC a los responsables de proyecto

Es cierto que en los centros de trabajo, en los diferentes equipos de desarrollo de esta empresa, muchos trabajadores identifican a los jefes de proyecto como la representación de la empresa dentro de su ámbito pues, en las condiciones actuales en las que el trabajador sufre recortes y empeoramiento de sus condiciones laborales y económicas (bajadas o congelación salarial, exceso de horas extras y sobreesfuerzos, etc.), un jefe de proyecto no es más que un trabajador al que, aparte de su labor de coordinación del equipo, se le ha encargado también la aplicación de las políticas de la empresa y trasladárselas a sus compañeros. Por tanto, cuando a un responsable de proyecto se le encarga que dé una determinada directriz – que proviene de la dirección de la empresa, no lo olvidemos – a su equipo de trabajo, el trabajador la recibe como si fuera una decisión propia de ese responsable y no un mandato de la empresa.

De esta manera, a los responsables de proyecto se les está sobrecargando no solo con las labores técnicas de coordinación de su equipo sino también con labores y responsabilidades económicas y administrativas que no les deberían corresponder.

Recientemente, el inspector de trabajo, en una reunión con el responsable de RRHH y los representantes de los trabajadores en la que se trató la evaluación de riesgos psicosociales, le indicó a Ramón Gil que uno de los factores de riesgo psicosocial a evitar era que un mando intermedio tuviera que resolver conflictos que le corresponden a otros departamentos, en este caso, responsabilidad de RRHH.

Sabemos que muchos jefes de proyecto están sufriendo como nadie esta presión, hasta el punto de sufrir crisis de ansiedad e incluso tener que medicarse, al tener que gestionar no solo la parte técnica de los proyectos (distribución de tareas, interlocución con el cliente, etc.) sino que también se les obliga a asumir responsabilidades y tareas de gestión administrativa y económica de los propios proyectos que les debieran ser ajenas. Está absolutamente claro que esto es consecuencia de la política de reducción de costes y de personal en la empresa.

De esta manera, la empresa pretende que se gestione cada proyecto como si fuera una empresa independiente, surgiendo la competencia entre otros responsables de proyecto y gerentes para competir por el poco personal técnico que va quedando y otro tipo de recursos. Cada proyecto tiene un objetivo propio y casi independiente del resto, con lo que se va generando un clima de individualismo, de sobreexplotación y de competitividad que ahonda en el mal clima laboral suyo y de su entorno al trasladar la presión que reciben a las capas inferiores.

Existe la errónea apreciación de que el Comité de Empresa solo defiende al trabajador de a pie y el mando intermedio, al verse indefenso, termine por “arrimarse” al bando en el que se puede sentir más arropado, la dirección de la empresa. Sin embargo, esta impresión también es errónea en la mayoría de los casos pero, a su vez, muy extendida. Tan errónea es esta percepción de la realidad que los mismos representantes de la empresa, en los distintos juicios por despido, continuamente declaran bajo juramento que las decisiones de hacer sobreesfuerzos, horas extras, expatriar a compañeros, etc. son decisiones de los propios jefes de proyecto y que RRHH muchas veces ni siquiera se entera de esas decisiones cuando los responsables de proyecto pueden dar fe de que simplemente cumplen las directrices que les da la empresa.

Como veis, la empresa echa balones descargando su responsabilidad en los mandos intermedios. De esta manera, la dirección de la empresa pretende tener a las cabezas de turco perfectas a los que señalar ante cualquier tropiezo legal.

Los RPs están obligados a explotar a su equipo incluso entrando en la ilegalidad (la inspección de trabajo ya ha sancionado a la empresa por la reincidencia en el exceso de horas extraordinarias). Se ven en la tesitura de ser despedidos, degradados, o quedarse sin variable si su proyecto no cumple con los objetivos impuestos desde la dirección, teniendo como única salida para cumplirlos acudir a lo indigno, lo insolidario, la incoherencia, la falta de respeto, la inmoralidad… en definitiva, a la ilegalidad.

Así, muchas veces, el propio trabajador descarga de manera inconsciente su descontento y su rabia ante una medida injusta y reacciona contra su responsable como si la acción de éste fuera una elección libre y personal y no una orden de la empresa.

Pero, desde nuestra concepción sindical, en la CSC tenemos meridianamente claro que todos los trabajadores, como clase, no somos dueños en la actualidad de nuestro destino y, para llevar un salario a casa y a nuestras familias, necesitamos vender nuestra fuerza laboral. Por lo tanto y mientras no actuemos como clase, estamos supeditados a cumplir unas órdenes si queremos conservar nuestro puesto de trabajo. Pero ni siquiera obedeciendo esas órdenes somos capaces de conservarlo pues dependemos de los intereses del empresario en cada momento ya que, si éste necesita ganar más, lo hará siempre a costa de nuestras condiciones, incluyendo nuestro despido.

En numerosas ocasiones hemos podido demostrar nuestro compromiso con nuestra clase, independientemente del escalafón que ocupe el trabajador asalariado dentro de la empresa. Por ejemplo, entre otras muchas cosas, hemos asistido y asesorado a jefes de proyecto, gerentes e incluso directivos en sus despidos, porque nuestro compromiso es con la clase trabajadora. Y porque no concebimos al colectivo como una suma de individualidades, estamos en contra del hecho objetivo del despido en sí como medida para que el empresario gane más a nuestra costa y no atendemos a la cuestión subjetiva que tienen muchos trabajadores, alimentados ideológicamente desde la empresa para justificarlo, de si el trabajador “se lo merecía” o no.

De la misma manera, somos conscientes de que algunos mandos intermedios siguen a rajatabla las indicaciones de la dirección de la empresa – puesto que comparten la ideología contraria a los trabajadores de ésta – para intentar anteponer sus intereses personales y así “agradar” a la dirección para intentar escalar en la jerarquía aún a costa de las condiciones de sus compañeros. La Coordinadora Sindical de Clase, al igual que defiende a los trabajadores como clase y todos los hechos que vayan en su beneficio, también denunciará todo acto individualista, venga de quien venga, que se dirija en contra de los intereses de la clase trabajadora. Nuestra defensa es la defensa del conjunto y la CSC está en contra de todo aquél que quiera pasar por encima del resto para obtener un beneficio personal.

Por todo ello, hacemos un llamamiento a todos los responsables de proyecto - como clase trabajadora que son y víctimas tanto de la explotación asalariada como de su utilización por parte de la Empresa para eludir la responsabilidad de sus políticas injustas - a que se unan a sus compañeros en la lucha por la defensa de los intereses de todos los trabajadores para que, unidos y organizados como clase, podamos conquistar avances para todos.

¡LUCHA POR TUS DERECHOS!

¡AFILIATE A LA COORDINADORA SINDICAL DE CLASE!

Sección Sindical de la Coordinadora Sindical de Clase (C.S.C.)

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La Junta de Andalucía, títere de los empresarios y en contra de los trabajadores andaluces

El pasado día 30 de octubre, en la Comisión de Economía, Innovación,Ciencia y Empleo del Parlamento de Andalucía compareció el Consejero José Sánchez Maldonado el cual fue interpelado por la Diputada de I.U. Rosalía Martín respecto a la realidad de AYESA ADVANCED TECHNOLOGIES preguntándole qué estaban haciendo desde la Junta de Andalucía en AYESA AT ante los permanentes ataques contra los derechos de los trabajadores por parte del empresario, así como que aportasen el Plan Estratégico de AYESA AT.

En la respuesta dada por el Consejero José Sánchez Maldonado respecto a la venta de Sadiel a AYESA indicó que “Esta fue una operación enmarcada en un acuerdo firmado por las cuatro firmas que componían Sadiel para dar entrada a la citada Ayesa como accionista mayoritario, con la finalidad de reforzar el proceso de expansión e internacionalización de la compañía”. En consecuencia, el Consejero afirma que esta operación realizada por la Junta de Andalucía, y los otros tres accionistas, fue para reforzar el proceso de internacionalización de la compañía, o lo que es lo mismo y que es lo que se ha traducido en estos tres años: Destrucción de empleo neto en SADIEL (hoy AYESA AT) en más de 300 puestos de trabajo y creación de más de 600 puestos de trabajo en el extranjero, o lo que es lo mismo, paro y precariedad en España y agudización de la explotación en el extranjero. Este hecho demuestra que el Gobierno de la Junta de Andalucía defiende los intereses de los empresarios y arremete contra los derechos de los trabajadores. 

Estas palabras del Consejero el 30 de octubre en sede parlamentaria chocan frontalmente con las que decía el hombre fuerte del PSOE dentro de SADIEL en el momento de la venta, el Consejero Delegado Rafael Camacho cuando en carta a la plantilla en enero de 2011 justificaba la venta a AYESA, aún reconociendo la existencia de otras ofertas, seguramente más potentes que la resultante, señalando “pensad un momento que hubiera sido de SADIEL en manos de una corporación multinacional. Por eso digo que esta decisión es acertada, oportuna y óptima. Porque no sólo permite conservar la identidad andaluza de la empresa sino su entidad propia, con sus activos propios, sus empleados y su Consejo de Administración. En definitiva, SADIEL no deja de ser SADIEL”.

El Consejero Sánchez Maldonado reconoció en la sesión parlamentaria que la Junta vendió un 15,5% de sus acciones por un montante de 4,6 millones de euros; ello implica que por el 51% de SADIEL – empresa con una facturación de 2010 de algo más de 118 millones de euros y unos fondos propios de casi 28 millones de euros – AYESA pagó 15,64 millones de euros significando un negocio redondo, o un regalo, para esta última pues pagando 15,64 millones de euros se hace con el control de unos fondos propios de casi 28 millones. Pero además, es la primera vez que el pez pequeño (AYESA) se comía a un pez mayor (SADIEL), ya que tanto en facturación como en número de trabajadores, SADIEL sólo en Andalucía tenía más trabajadores que el Grupo AYESA en todo el mundo.

Sánchez Maldonado también señaló que “El Gobierno andaluz entendió, en su momento, su disminución en la participación, de acuerdo con su política de apoyar a empresas de sectores estratégicos, para que pudiesen alcanzar un nivel que permitiera dar el relevo al sector privado”, reconociendo que la política del Gobierno andaluz del PSOE es el de utilizar dinero público de los andaluces para levantar empresas estratégicas y viables, como SADIEL, para, posteriormente, regalarlas a un empresario como, en este caso, ha sido José Luis Manzanares y, todo ello, lo hace un Gobierno en la comunidad autónoma del desempleo y la pobreza extrema.

Si todo lo mencionado hasta ahora es grave, todavía es más grave que siendo la Junta de Andalucía accionista en un 22% y el mayor cliente, el Consejero Sánchez Maldonado señale “he de manifestarle que, como he manifestado, la participación de la Agencia IDEA es minoritaria y que, en el consejo de administración último, celebrado el 19 de septiembre del presente año, en el orden del día no figuraba nada de lo que se formula en esta iniciativa y de que, ni tan siquiera a título informativo, se ha indicado nada respecto de expedientes a miembros del comité de empresa ni del plan estratégico que se menciona”. Por un lado, evidencia dejación de funciones, basándose en que “la participación de la Agencia IDEA es minoritaria”, pero además demuestra o que los accionistas desconocen lo que hace el accionista mayoritario o el Consejero tiene un desconocimiento enorme de lo que se hace en una empresa cuyo capital es en parte público y donde él tiene la obligación de conocer todo lo que pasa y no sólo ser un sirviente de José Luis Manzanares sino de defender los puestos de trabajo y las condiciones de los trabajadores. Y decimos desconocimiento porque los expedientes contra miembros de las Secciones Sindicales de CSC y de UGT, así como contra miembros del Comité de AYESA AT – en total 11 expedientes – se abren a primeros de septiembre y porque José Luis Manzanares Japón, el pasado 21 de julio, envió un comunicado a toda la plantilla por el que nos comunicaba una serie de reestructuraciones en la cúpula del Grupo como consecuencia de incluir la rama de construcción industrial y potenciar la expansión internacional del grupo empresarial por los EEUU y el mundo anglosajón. Para ello señalaba que es necesario dar “cuatro movimientos clave” en el organigrama para adaptarlo a lo que “exige el Plan Estratégico”. Plan Estratégico que desconocemos los trabajadores y sus representantes y que el segundo accionista más importante también manifiesta desconocer en sede parlamentaria, a pesar de que en dicho Plan Estratégico están contempladas operaciones empresariales que deben ser, al menos conocidas, por los socios máxime cuando esta comunicación es de 21 de julio y el Consejero afirma que hubo un Consejo de Administración de la Empresa el pasado 19 de septiembre . Entre los cuatro movimientos están:

1. Impulsar la oficina de Londres para buscar socios y financiación.
2. La creación de la figura de Vicepresidente Patrimonial, “para gestionar las finanzas del Grupo, conseguir los avales necesarios para las nuevas actividades, dirigir las operaciones societarias con los nuevos socios, soportar las fusiones y adquisiciones que sustenten nuestro crecimiento en los nuevos mercados”, que según la comunicación son EEUU, el mundo anglosajón y Asia.
3. Colocar a D. G. del R. como Director General Corporativo, que premia la aplicación de la política laboral contraria a los intereses y derechos de los trabajadores, y trazada por los dueños de AYESA, en AYESA AT y SDS.
4. Contratar a un nuevo Director General del área de Consultoría y Outsourcing, proveniente de EVERIS para sustituir a D. G. del R.

Así mismo, la comunicación de 21 de julio de José Luis Manzanares, a la que hacemos referencia, señalaba que “Con esta reestructuración damos un paso importante, que no será el único, para adaptar AYESA a los nuevos retos. El mañana es nuestro.”

Desde el Sindicato Coordinadora Sindical de Clase (C.S.C.), sindicato mayoritario en AYESA AT, exigimos al Gobierno de Andalucía que deje de ser títere de los empresarios, y de servir a los intereses de éstos, y defienda los intereses de la mayoría de los andaluces. Hemos pedido a la Dirección de AYESA AT ese Plan Estratégico, el cual nos ha negado como niega nuestro derecho a la información – hecho éste por el que tuvimos un conflicto colectivo cuyo juicio se celebró el pasado 20 de octubre - y, en consecuencia, exigimos a la Junta de Andalucía que nos entregue el Plan Estratégico al que hace referencia el Empresario Manzanares Japón y exigimos la dimisión del Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo José Sánchez Maldonado por la evidencia explícita de dejadez de sus funciones y desconocimiento de lo que acontece en una empresa donde él es el responsable máximo de un paquete accionarial del 22% que es dinero de todos los andaluces, empresa donde con la complicidad de la Junta no sólo se destruye empleo sino que se pisotean los derechos de los trabajadores.

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Nota de prensa: Ante el cierre del centro de SDS en el Puerto de Santa María

Ante el cierre del centro de SDS, filial de AYESA ADVANCED TECHNOLOGIES, con el consiguiente despido de 55 trabajadores y 19 más trasladados al centro de Sevilla, desde el Sindicato Coordinadora Sindical de Clase – sindicato mayoritario en AYESA AT – queremos señalar lo siguiente:

1. Rechazamos de plano la destrucción de los puestos de trabajo así como el cierre de SDS en el Puerto de Santa María. Este cierre de SDS se produce en el marco de un grupo empresarial que, en 2013, obtuvo un 20% más de beneficios y que su volumen de negocio creció un 12%, con unos ingresos que ascendieron a 239 millones de euros.
2. La Junta de Andalucía, ENDESA y CAIXABANK son igual de responsables que el Grupo AYESA en el cierre de SDS.
3. Andalucía es una de las regiones con más paro de Europa, siendo la provincia de Cádiz la que mayor tasa de desempleo tiene, por encima del 40%. Siendo esta la realidad, consideramos todavía más vergonzoso el comportamiento mantenido por la Junta de Andalucía que no ha movido un dedo por defender el derecho al trabajo de los 55 trabajadores que van a perder sus puestos de trabajo, máxime cuando la Junta es accionista en un 22% de AYESA AT y su mayor cliente.
4. El Gobierno de Andalucía ha estafado a los andaluces doblemente:
   1. Primero con la venta a precio de saldo de la antigua SADIEL (hoy AYESA AT). Todo un ejercicio de oscurantismo y falta de transparencia, como han reconocido los mismos Diputados del Parlamento andaluz. Así, el Diputado Fuentes Lopera del Grupo Popular, en Comisión de Hacienda y Administración Pública celebrada el pasado 8 de marzo de 2011, denunció que nadie explicó la operación de venta de Sadiel a AYESA, reconociendo que se enteraron por la prensa sin que el Parlamento conociera “cómo se han establecido los criterios de precios, coste de reflotación de empresas y entradas y salidas de capital en sectores estratégicos”.
   2. La segunda estafa ha sido el plan Bahía Competitiva, convertido en un nuevo caso de corrupción del Gobierno de la Junta, por el que, según el exconsejero Francisco Vallejo en septiembre de 2008, enumeró en el Parlamento andaluz los planes de 10 empresas adheridas al Plan Bahía Competitiva con el que garantizaba la creación de 1.595 empleos para los extrabajadores de DELPHI, una inversión total que ascendía a 675 millones de euros y que iba a crear 3.400 empleos en la Bahía; siendo el primer proyecto SDS, que pretendía alcanzar 200 trabajadores en 2009 y con una inversión inicial de 1,5 millones de euros. La realidad nada ha tenido que ver con lo que garantizaban los miembros del Gobierno de la Junta en 2008. Seis años después se ha regalado dinero público y subvenciones a empresarios sin cumplirse nada de lo que dijeron.
5. Cuando la corrupción está extendida por todas las instituciones políticas del país y estando Andalucía a la cabeza en casos de corrupción – en 2013 los juzgados andaluces juzgaban 561 casos de corrupción de 1.661 existentes en toda España, entre los que se encuentran los casos ERE, Mercasevilla, Invercaria, etc. –, la Presidenta de Andalucía está más pendiente de promocionarse para alcanzar sus objetivos políticos personales que en resolver los problemas de los andaluces y en defender el derecho al trabajo que tiene el Pueblo en la región del Paro, eludiendo la responsabilidad que la Junta tiene tanto con los trabajadores de SDS como con los trabajadores de AYESA AT.

Desde la Coordinadora Sindical de Clase (CSC) exigimos que la Junta de Andalucía tome cartas en el asunto e intervenga en AYESA AT para poner freno a todos los atropellos perpetrados por el accionista mayoritario contra los derechos de los trabajadores, destruyendo empleo decente y precarizando las condiciones de trabajo.

COORDINADORA SINDICAL DE CLASE (C.S.C.)

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