Agencia Digital de Andalucía (ADA). Licitaciones, o cómo vampirizan las empresas privadas el presupuesto público.

 

Privatizaciones, subvenciones, licitaciones y externalizaciones, las vías que usan las empresas para apropiarse de la riqueza común.

En contra del mantra neoliberal de que los empresarios tienen que ganar más que los trabajadores porque arriesgan su capital y patrimonio con su iniciativa y "emprendimiento", la obstinada realidad nos muestra que básicamente los grandes empresarios viven a cuerpo de rey gracias a la teta del Estado, que no solo los rescata cuando se demuestra que su gestión privada es desastrosa, socializando las pérdidas, sino que en el día a día, su fuente de riqueza es la Administración, y que es la sociedad en su conjunto la que genera el trabajo y los trabajadores los que crean la riqueza con su esfuerzo, y que, a través del Estado, se privatizan los beneficios cediendo la gestión de ese trabajo y esa riqueza a los empresarios. La propia patronal del sector TIC señala en su informe anual de 2023 como el mayor pastel de sus ingresos, concretamente el 45,5%, a lo que eufemísticamente llama Outsourcing, para referirse a la subcontratación de empleados, es decir para gestionar el trabajo que generan otros, y que el 75% de los ingresos totales proceden de sus negocios en el sector público, o lo que otrora fueron empresas públicas (bancos, telecomunicaciones, energía, etc.)

Simultáneamente, además, el Estado riega a los empresarios con continuas, públicas y generosas subvenciones multimillonarias: PAC, fondos Next-Generation…, que son las auténticas "paguitas", como la recién anunciada inversión de 50.000 millones de euros más los 10.000 millones ya invertidos de presupuesto público europeo para la IA. Von der Leyen anuncia una inversión de 200.000 millones de euros para convertir a la UE en una potencia en inteligencia artificial

La actualidad corrobora cómo "el mercado" y la innovación, lejos de evolucionar autónomamente por iniciativa y riesgo empresarial, se sustenta fuertemente apoyado por el dinero de todos.

Riesgo y emprendimiento o privatizaciones Pero no es sólo que el Estado mantenga a las empresas con vida a costa del erario público, dándole el trabajo y el dinero público, sino que es el propio Estado el que tiene la verdadera capacidad de "emprendimiento" y por ello levantó las mayores empresas estratégicas de la economía, que después terminó regalando a bajo coste a los empresarios, los cuales arriesgaron lo mismo que nada, para recibir mercados a explotar en régimen de oligopolio, sin apenas competencia, condenándolos así a ser ricos de por vida. Empresas que a su vez son consumidoras y, por tanto, fuente del trabajo de servicios como el que presta el sector TIC. Las olas privatizadoras de toda esa riqueza pública han sido una constante en este país desde que tenemos "democracia". Las grandes empresas estatales ya fueron privatizadas sucesivamente durante los gobiernos "socialistas" y populares: Caja Postal-Argentaria (BVBA), Iberia, Telefónica, Endesa, Repsol, Campsa, Gas Natural, etc. Unas privatizaciones donde los políticos que las perpetraron fueron generosamente recompensados con puestos vitalicios en los consejos de administración, como jugoso premio por favorecer a esas familias de "emprendedores" que no emprenden, tras sus carreras políticas. Atech Advanced Solutions, anteriormente Ayesa AT, y anteriormente Sadiel es un ejemplo claro de este tipo de "emprendimiento" público que levanta una gran empresa con financiación y esfuerzo del pueblo andaluz, pero que termina siendo privatizado/regalado a un empresario cuyo mérito ha sido estar bien relacionado con los políticos, y que posteriormente amortizó el regalo revendiéndolo a un fondo buitre. En esta empresa fuimos igualmente testigos de la fuerte ventriloquía entre empresarios y políticos durante la Proposición No de Ley (PNL) que llevó el grupo parlamentario de Podemos a sesión plenaria en la Junta de Andalucía tras el doble despido del Presidente del Comité de Empresa, Fran Barjas de ASC. Despido motivado por la carta de denuncia que entregó en nombre del Comité de Empresa a la Presidencia de la Junta, cargo que entonces ocupaba la "socialista" Susana Díaz (que de socialista no tiene nada), y al resto de grupos parlamentarios. Una carta donde se denunciaba la continua vulneración de derechos fundamentales, corroboradas por sentencias judiciales, de trabajadoras y representantes sindicales que cometía una empresa en cuyo accionariado se encontraba la Junta de Andalucía, responsable de esas vulneraciones en un 22%, porcentaje de la compañía de la que era propietaria en ese momento. En aquella PNL, donde los grupos parlamentarios de Podemos e IU-Los Verdes defendieron la necesidad de que la Junta recuperase la gestión pública de la empresa, así como parar las vulneraciones de los derechos laborales. Por contra, los parlamentarios del PSOE, Ciudadanos y PP no hicieron más que justificar las ilegalidades de la empresa sentenciadas por los jueces, con las mentiras y descalificaciones que la dirección general de AYESA les había redactado en un informe, así como ampararse en la postura de esquirolaje de las secciones sindicales de CCOO y UGT ante el conflicto. Tan deplorables intervenciones fueron recogidas y pueden revisarse en el siguiente enlace: Debate de la PNL para la intervención de la Junta de Andalucía en Ayesa AT.

Licitaciones, otra fórmula para el saqueo El otro pastel de la vampirización de los bienes públicos ocurre con las licitaciones. Es mediante los concursos públicos como las empresas privadas suministran personal para realizar trabajo para la Administración Pública, muchas veces en sus propias instalaciones, que en realidad debería hacer personal funcionario. A cambio de este trabajo de subcontratación, las empresas privadas reciben una cantidad de dinero inflada, que supone un sobrecoste desorbitado del servicio que paga la Junta de Andalucía, en comparación con lo que supondría contratar directamente al personal como funcionario, y que como denunciamos en reciente comunicado, puede llegar a ser superior al 70%. Todo ese sobrecoste no sólo es un regalo de dinero público desde la clase política hacia la clase empresarial, sino que ésta, no satisfecha con la sangría, conforma cárteles empresariales con los que cometer fraude en las licitaciones para desangrar aún más a la Administración, como el cometido en 2021 por El cártel de consultoras se adjudica 18 millones, tres veces la multa impuesta por falsear contratos, donde entre otras se encontraban implicadas empresas como Indra, Deloitte o Ibermática.

Cambios en las licitaciones de la Junta de Andalucía El ultraliberal presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, del PP, está llevando a cabo una nueva oleada de privatizaciones en todos los ámbitos de la Administración. Por un lado, destrozando la sanidad y la educación públicas y, por otro, fomentando los institutos de secundaria, universidades y guarderías de propiedad privada. Unas políticas calcadas de las que su partido político lleva a cabo en la Comunidad de Madrid de la responsable de dejar morir a miles de ancianos durante el covid, y cuyo sistema de desvío de atención médica pública a hospitales privados es la gallina de los huevos de oro de las aseguradoras privadas De igual forma, a semejanza de la entidad Madrid Digital, Moreno está impulsando un organismo desde donde centralizar la contratación de servicios digitales en la Junta de Andalucía, para lo que ha puesto en marcha la Agencia Digital Andaluza (ADA). Las consecuencias de estos cambios ya las hemos visto en compañeros que han salido despedidos como consecuencia de las nuevas fórmulas de contratación mediante la ADA, y no dejaremos de ver más salidas de compañeros y compañeras, teniendo en cuenta que el criterio que utiliza la dirección en las cartas de despido es el de encajonar al máximo a cada empleado para deshacerse de nosotros conforme el cajón caduca. Una característica que en un convenio colectivo sectorial decente bloquearía con el llamado derecho de subrogación, que obliga a las empresas nuevas que obtienen el servicio licitado a llevarlo a cabo con el mismo personal y las mismas condiciones que lo venían haciendo con la anterior adjudicataria. El principal cambio que va a ir generalizando ésta institución en los procesos de licitación son la de desvincular la gestión de la contratación pública fuera de las consejerías, como se venía haciendo hasta ahora, esquivando el control que pudiera ejercer el personal funcionario encargado, cuyas especiales condiciones de empleados públicos tratan de garantizar la independencia en sus resoluciones, a la vez que limitando el papel de los organismos de fiscalización contable de la Administración. Una vía directa para la actuación corrupta. El modelo de funcionamiento a implantar parece que llevará el siguiente diseño: Gestión de las licitaciones centralizadas desde la ADA, minimizando la fiscalización del proceso por funcionarios públicos. Catálogo de empresas homologadas por la ADA para acceder a las licitaciones, con una puntuación de partida como empresa que tendrá un peso en la licitación independientemente a las ofertas que presenten. Fórmula con la que se priorizará arbitrariamente unas empresas sobre otras. La fórmula anterior a su vez promueve la presentación de las empresas a los concursos de forma independiente, eliminando de facto las UTE, y con ello favoreciendo a empresas grandes frente a las pequeñas. Un cambio que supondrá además la desarticulación de proyectos que ahora se venían concediendo como UTE, y que dejará en la calle a los trabajadores de las empresas que salgan de esos proyectos, conforme caduquen sus vigencias y se vayan resolviendo su renovación con el modelo de la ADA. Licitación simultánea para empresas distintas en cada proyecto de lotes de calidad para la validación de los lotes de desarrollo/servicio, que junto al dato de que en la próxima década se jubilará el 50% de los funcionarios públicos, conlleva el ir vaciando a la Administración de personal funcionario que dejará de validar el trabajo que realizan las contratas, para ser también privatizado. En definitiva, una nueva vuelta de tuerca al expolio de la Administración y a la externalización de servicios, que traerá rendimientos fabulosos para los empresarios, mayor precariedad para los trabajadores y la merma de unos servicios cuya gestión se centrará en obtener la mayor extracción de beneficios en lugar de garantizar calidad, y donde el presupuesto publico cada véz tendrá menor capacidad de acción, pues se escapará hacia los bolsillos de los empresarios como un pozo negro.